Durante toda la pasada legislatura hemos asistido al acoso cavernícola contra el gobierno, cuya única respuesta ha sido aumentar los dineros que se regalan a la Iglesia católica. Es hora de establecer de una vez la laicidad. Hay que denunciar los acuerdos con el Vaticano, suprimir todo tipo de subvenciones a la Iglesia católica, a sus ong y a sus centros de enseñanza, eliminar la religión de los planes de estudio y de los actos públicos oficiales. Ya está bien de renuncias y de ser tontos.   

España ha sido un país de emigrantes hasta hace veinte años. Ahora recibe inmigración y por cómo tratemos a los inmigrantes se nos juzgará. Los inmigrantes son los trabajadores con los que todo país sueña. Vienen jóvenes, sanos y preparados y su crianza y formación no le ha costado ni un céntimo al país que los recibe y en el que van a producir. El sueño de cualquier burguesía. Si el trabajador es ilegal y perseguido por ello, es mejor aún para muchos empresarios. Como carece de derechos y está amenazado con la expulsión y aún el encarcelamiento, se ve obligado a aceptar sin protestas condiciones de trabajo brutales y salarios de miseria. Hay demasiado empresario interesado en contratar inmigrantes irregulares como para que no los haya. La normativa para evitarlo más que impedir esa inmigración irregular asegura una masa suficiente de trabajadores en esas condiciones. Mientras haya miseria en los países de origen y posibilidades de trabajo en el mundo desarrollado habrá inmigración regular e irregular. En puridad, la única receta contra el trabajo semiservil de los irregulares es la regularización de todos los inmigrantes.

Zapatero, en cambio, ha empezando nombrando un ministro de trabajo e inmigración, Celestino Corbacho, que no desentonaría en el gobierno de Berlusconi o en el de Sarkozy. Ha llegado incluso a plantearse la reforma de las normas de reagrupamiento familiar porque los ancianos padres de los inmigrantes representarían un gasto para el sistema sanitario. ¡Pero si son las cotizaciones de los inmigrantes las que mantienen la Seguridad Social! ¿Cómo se puede ser tan malvado?.

La directiva europea de retorno es innoble. No valen eufemismos. Establece el encarcelamiento administrativo por dieciocho meses de los irregulares y la posibilidad de expulsar a cualquier país que los admita a todos, menores incluídos. Lo que pase con ellos luego parece que no interesa ni a los gobiernos, el de Zapatero entre ellos que aprobó la directiva, ni a la comisión europea, ni a la mayoría del parlamento europeo. Apoyar esa directiva es una infamia. Borrell y Raimón Obiols salvaron su honor de socialistas votando en contra y se les ha expedientado. El Congreso federal debe darles todo su apoyo y censurar la actitud en ese punto de la ejecutiva, el gobierno y el grupo europarlamentario.

Y no se trata sólo de la directiva de retorno. Existe la directiva que permite que cualquier empresa europea pueda prestar servicios en otro país comunitario con sus propios trabajadores…a los que se aplica la normativa y convenios del país de origen. Naturalmente, esa directiva se usa para que empresas de países con un nivel de conquistas obreras menor trabajen en aquellos más avanzados en este sentido. Así se pretende igualar a la baja los condiciones laborales, no garantizar la libre competencia.

Ahora se discute una directiva para establecer la jornada máxima semanal de sesenta y aún sesenta y seis horas. Eso no es discutible. Es una agresión brutal contra las conquistas obreras.

Ninguna de esas tres directivas es aceptable. El Partido, el Congreso, el gobierno  y el Grupo parlamentario socialista deben declararlo así y garantizar legalmente que jamás se aplicarán en España, cueste lo que cueste y haya que romper con quien haya que romper.

Este segundo gobierno se constituye en un momento muy delicado, en los inicios de una crisis económica mundial que puede ser muy seria. Se  origina en los Estados Unidos, pero se extiende a todo el mundo. Para defenderse los países más poderosos recurren, como en la crisis de los setenta, al alza del precio del petróleo y de las materias primas para reordenar el mercado mundial en su beneficio y en detrimento de los más débiles. Ahora se junta con una crisis alimentaria provocada por los mismos.

La crisis viene agravada por la  deslocalización masiva de la producción. Durante un tiempo los empresarios que han trasladado la producción al tercer mundo, para que produzcan trabajadores sin derechos, han podido ganar mucho, pero el paro y las bajas salariales se han extendido en Europa y EEUU. La producción tiene siempre y en cada país como principal mercado el mercado interior y al final si la gente no tiene dinero no puede comprar y la demanda se contrae.

Con o sin superavit presupuestario la situación de España ante la crisis es muy delicada. El ingreso en la Unión Europea conllevó la liquidación de sectores productivos enteros. La economía se ha centrado en el turismo y la construcción, los sectores más débiles en estas situaciones. El turismo baja durante las crisis y la construcción, orientada en su origen y en buena parte al propio turismo, se convirtió a la vista de todos en un campo de especulación desenfrenada, en una burbuja económica vacía.

Bien, pues que la crisis la paguen los que la han causado, los especuladores y los empresarios, no los trabajadores, que lo único que pueden hacer es trabajar dónde les contratan. Ya la CEOE y el Banco de España hablan de flexibilización del mercado laboral, de moderación salarial, de vinculación del aumento salarial al aumento de la productividad de cada empresa, de la rebaja de las pensiones y la generalización de los planes de pensiones. Ah., el Banco de España –carácter institucional obliga, habla también de moderación en el reparto de beneficios. Es una broma. Nadie puede controlar qué hace cada empresario con sus beneficios, ni incluso saber en qué consisten. En especial los beneficios de los accionistas mayoritarios y miembros de los consejos de administración de la banca y de las grandes empresas son aún más incontrolables. Se habla de moderación de beneficios para aplicar, aquí de verdad, la moderación salarial.

Nunca el salario puede depender de la situación de cada empresa. Por este camino volveríamos a los jornaleros esperando cada madrugada en la plaza del pueblo a que vaya algún empresario a contratarle, previa negociación individualizada con cada trabajador. Los convenios los firma el sindicato para las ramas industriales.

En cuanto al ruido sobre la productividad es un insulto a la inteligencia. La productividad depende de la maquinaria y la organización del trabajo, todo ello competencia exclusiva del empresario, no de los trabajadores. En España hay una productividad baja porque los empresarios no necesitan mejorarla. Les ha bastado históricamente con los salarios bajos y las jornadas largas y eso es lo que quieren aumentar ahora.

El gobierno no puede resolver la crisis fácilmente, pero si que puede, y está obligado a ello, poner coto a todos los intentos de que la paguen los trabajadores. Dedíquese el dinero a la construcción pública de las infraestructuras necesarias, suprímanse legalmente los contratos basura, limítese la jornada laboral  y, en la línea de impedir que la inflación que viene se coma los salarios, procédase al aumento significativo y suficiente del salario mínimo, con lo que al mismo tiempo se tirará hacia arriba de los salarios superiores al mínimo, Y desde luego, nada de bonificar las cuotas de la seguridad social a las empresas.

En el País Valenciano se ha confirmado la tendencia a la derrotas desde el noventa y cuatro y se han obtenido los peores resultados desde entonces. Es evidente que lo esencial a la hora de votar es la política federal, se trate de elecciones generales o autonómicas o municipales, pero es indudable que la política seguida aquí explica la profundidad de la derrota.

La política de las sucesivas direcciones del P.S.P.V.-P.S.O.E. ha sido siempre la de no irritar a la derecha más cavernícola. Mantuvo la ambigüedad más vergonzosa respecto a la lengua y la identidad valencianas y ha permitido con ello que los trabajadores se desinteresaran y que la demagogia reaccionaria constituyera un sólido suelo electoral para el PP.

El socialismo en la oposición ha sido inexistente en los ayuntamientos, las cortes valencianas, las movilizaciones y la calle. Ni siquiera se ve a ningún dirigente en las manifestaciones del primero de mayo. El silencio, la contradicción y la ambigüedad ha sido la única respuesta de la dirección ante los trasvases o el urbanismo salvaje y destructor. El aparato se ha limitado a las luchas fraccionales internas para ver quién manda.

Ha ido siempre tras el PP, incluso apoyando una reforma estatutaria que nadie contemplaba y cuyo único objetivo, además de la gloria para Camps, era marcar los límites del estatuto catalán. De paso el nuevo estatuto ha consagrado en su texto la división provincial del País Valenciano.

El Partido está hoy descabezado y a la espera de congreso que remedie sus males. El remedio sólo será posible si se discute en primer lugar de plataformas políticas y, sólo después y en función de esa discusión, de candidaturas. Son las maniobras apolíticas del “quítate tú para que me ponga yo” lo que nos ha llevado a esta situación.

El P.S.O.E. ha perdido votos porque centenares d jóvenes obreros, que en el 2.004 votaron para acabar con el PP, no han encontrado ahora motivos para volver a hacerlo y se han abstenido. La juventud está condenada al trabajo precario -incluso al contrato por unas pocas horas- al salario mínimo y a las jornadas de diez y doce horas diarias por seiscientos euros mensuales. La vivienda resulta inasequible. Las únicas medidas del gobierno Zapatero respecto a la legislación laboral han cosistido en la legitimación del fraude anti-obrero de los autónomos con un solo cliente, que no son más que trabajadores por cuenta ajena sin derechos, y el contrato estable que abarata el despido y profundiza la división de los trabajadores en castas. Eso sí, los empresarios que han usado el contrato estable han recibido millones a cargo de la seguridad social.

Hay algo a lo que nadie parece conceder importancia. Desde la transición heredamos afiliados y votantes, no ganamos a nadie. Los hijos de familias de derechas son del PP, cualquiera que sea su condición social. Si en los albores del movimiento obrero hubiera sido así, el P,S.O.E., caso de haber llegado a fundarse, hubiera desaparecido en pocos años. Claro que entonces se luchaba en todos los frentes, se formaba a los militantes, se explicaba todo a la clase obrera. Los sindicatos combatían y ganaban y perdían, pero nunca firmaban la “plataforma reivindicativa” de la patronal.

En estas condiciones a nadie puede sorprender el estado vegetativo en el que se encuentran las Juventudes Socialistas.

El nueve de marzo el P.S.O.E. perdió votos. Pero se confirmó como partido mayoritario mientras el PP, que mejoró sus resultados, salió derrotado.

Estos resultados, y el retroceso de los partidos nacionalistas vascos y catalanes los ha causado, sin duda, la política de guerra civil del PP en la oposición, continuidad pura y dura de la de su gobierno. El rechazo al PP ha concentrado el voto en el P.S.O.E. y le ha dado la victoria electoral.

Muchos analistas ceden a sus prejuicios para cantar victoria sobre el nacionalismo catalán y vasco. Falsas ilusiones. Igual que antes del nueve de marzo, ni el pueblo catalán ni el pueblo vasco caben en la constitución de las autonomías administrativas. Se está viendo ya y se verá más todavía. Incluso ni siquiera pueden cantar victoria los nacionalistas españoles porque, por primera vez desde 1.977, los votos obtenidos en el País Vasco por el P.S.O.E.  y el PP han superado a los votos nacionalista vascos –y ya es manipulador sumar los votos socialistas a los votos del PP- porque a los votos del nacionalismo vasco hay que sumar  a los abstencionistas, en su mayoría votantes de la izquierda aberzale y condenados antidemocráticamente por ello a las tinieblas de la ley de partidos. Si se cuentan, como exige un análisis riguroso, esas abstenciones para sumarlas a los votos vasquistas expresados, el nacionalismo vasco ha vuelto a ser mayoritario, como siempre. Ignorar esa realidad llevará inexorablemente al fracaso y mantener contra toda razón la ley de partidos lo agravará.

Que la constitución es un obstáculo para los pueblos del Estado Español es evidente, pero a Zapatero parece que sólo le preocupa reformarla para llevar también la igualdad entre hombres y mujeres al orden de sucesión a la corona. Es ridículo. Lo único que hay que hacer con la monarquía es suprimirla.