EL SEGUNDO GOBIERNO ZAPATERO, LA INMIGRACIÓN Y LAS DIRECTIVAS EUROPEAS

España ha sido un país de emigrantes hasta hace veinte años. Ahora recibe inmigración y por cómo tratemos a los inmigrantes se nos juzgará. Los inmigrantes son los trabajadores con los que todo país sueña. Vienen jóvenes, sanos y preparados y su crianza y formación no le ha costado ni un céntimo al país que los recibe y en el que van a producir. El sueño de cualquier burguesía. Si el trabajador es ilegal y perseguido por ello, es mejor aún para muchos empresarios. Como carece de derechos y está amenazado con la expulsión y aún el encarcelamiento, se ve obligado a aceptar sin protestas condiciones de trabajo brutales y salarios de miseria. Hay demasiado empresario interesado en contratar inmigrantes irregulares como para que no los haya. La normativa para evitarlo más que impedir esa inmigración irregular asegura una masa suficiente de trabajadores en esas condiciones. Mientras haya miseria en los países de origen y posibilidades de trabajo en el mundo desarrollado habrá inmigración regular e irregular. En puridad, la única receta contra el trabajo semiservil de los irregulares es la regularización de todos los inmigrantes.

Zapatero, en cambio, ha empezando nombrando un ministro de trabajo e inmigración, Celestino Corbacho, que no desentonaría en el gobierno de Berlusconi o en el de Sarkozy. Ha llegado incluso a plantearse la reforma de las normas de reagrupamiento familiar porque los ancianos padres de los inmigrantes representarían un gasto para el sistema sanitario. ¡Pero si son las cotizaciones de los inmigrantes las que mantienen la Seguridad Social! ¿Cómo se puede ser tan malvado?.

La directiva europea de retorno es innoble. No valen eufemismos. Establece el encarcelamiento administrativo por dieciocho meses de los irregulares y la posibilidad de expulsar a cualquier país que los admita a todos, menores incluídos. Lo que pase con ellos luego parece que no interesa ni a los gobiernos, el de Zapatero entre ellos que aprobó la directiva, ni a la comisión europea, ni a la mayoría del parlamento europeo. Apoyar esa directiva es una infamia. Borrell y Raimón Obiols salvaron su honor de socialistas votando en contra y se les ha expedientado. El Congreso federal debe darles todo su apoyo y censurar la actitud en ese punto de la ejecutiva, el gobierno y el grupo europarlamentario.

Y no se trata sólo de la directiva de retorno. Existe la directiva que permite que cualquier empresa europea pueda prestar servicios en otro país comunitario con sus propios trabajadores…a los que se aplica la normativa y convenios del país de origen. Naturalmente, esa directiva se usa para que empresas de países con un nivel de conquistas obreras menor trabajen en aquellos más avanzados en este sentido. Así se pretende igualar a la baja los condiciones laborales, no garantizar la libre competencia.

Ahora se discute una directiva para establecer la jornada máxima semanal de sesenta y aún sesenta y seis horas. Eso no es discutible. Es una agresión brutal contra las conquistas obreras.

Ninguna de esas tres directivas es aceptable. El Partido, el Congreso, el gobierno  y el Grupo parlamentario socialista deben declararlo así y garantizar legalmente que jamás se aplicarán en España, cueste lo que cueste y haya que romper con quien haya que romper.